Fuga tóxica de Imperial Oil: daños históricos y actuales a las comunidades indígenas del norte de Alberta
La empresa Imperial Oil fue objeto de críticas la pasada primavera cuando se reveló en un informe de la Autoridad Reguladora de la Energía de Alberta (AER) que el estanque de captación de las arenas petrolíferas de Kearl, lleno de arsénico y metales pesados, había vertido 5,3 millones de litros de residuos al ecosistema circundante y al suministro de agua. Posteriormente se descubrió que, durante un periodo de nueve meses, los residuos mineros se habían estado vertiendo continuamente al medio ambiente, contaminando de hecho los cursos de agua y los ecosistemas cercanos.
Aunque esta fuga es, sin duda, devastadora para el entorno cercano, la principal preocupación recae en las comunidades indígenas situadas río abajo, que dependen del medio ambiente para su subsistencia. La Primera Nación Mikisew Cree y Fort Chippewyan habían estado consumiendo, sin saberlo, caza y agua contaminadas por los estanques de residuos que presentaban fugas durante casi un año. Las familias indígenas, los ancianos y los niños se vieron expuestos a un grave riesgo por culpa de Imperial Oil Company y de la Autoridad Reguladora de la Energía de Alberta, que no informaron a las comunidades sobre la fuga durante nueve meses completos.
Los efectos del consumo prolongado de agua y de animales contaminados por residuos mineros que contienen arsénico y metales pesados no se han investigado lo suficiente, por lo que las repercusiones para la Primera Nación Mikisew y Fort Chippewyan que consumen dichos productos solo pueden ser objeto de conjeturas. Sin embargo, si se tienen en cuenta los elevados índices de diagnósticos de cánceres poco frecuentes y de enfermedades respiratorias que ya se dan en la comunidad —superiores a los de cualquier otro lugar del país—, cabe suponer que los efectos serán perjudiciales.
Para colmo de males, la AER publicó este mes un informe oficial este mes en el que eximía a Imperial Oil Ltd. de toda responsabilidad por la fuga, alegando que la empresa no había infringido ninguna norma ni procedimiento reglamentario. El informe no solo no mencionaba las peticiones de intervención de los grupos indígenas y ecologistas que exigían medidas legales inmediatas contra Imperial Oil Ltd., sino que además afirmaba que solo se requieren medidas mínimas ante la fuga de las arenas bituminosas de Kearl.
Este es solo uno de los muchos incidentes que ponen de manifiesto los efectos desproporcionados de las arenas petrolíferas de Alberta sobre las comunidades indígenas, que se prevé que aumenten drásticamente solo con la expansión de la superficie ocupada por los estanques de residuos —que ha registrado un incremento del 300 % en las últimas dos décadas—. Los estanques de residuos son embalses artificiales de subproductos tóxicos derivados del proceso de extracción de petróleo y ocupan una superficie de aproximadamente 2,3 veces el tamaño de Vancouver en el norte de Alberta. Estos estanques de residuos han crecido sin cesar durante las últimas tres décadas a pesar de la preocupación tanto de las comunidades indígenas locales como de los científicos, ambos inquietos por el impacto letal de esta industria extractiva.
Se supone que la Autoridad Reguladora de la Energía de Alberta (AER) debe actuar como mediadora entre ambos grupos y garantizar que empresas como Imperial Oil cumplan la estricta normativa que rige el sector del petróleo y el gas y sus instalaciones; sin embargo, contribuyeron a encubrir la fuga. Solo este fallo por parte de Imperial Oil y la AER tendrá un impacto generacional en las comunidades indígenas locales que aún no se puede cuantificar.
Las arenas petrolíferas de Kearl y los estanques de residuos no solo suponen una grave amenaza para la biodiversidad local y las comunidades indígenas, sino que su mera existencia pone de manifiesto el total desprecio por los derechos y las preocupaciones de los propios pueblos indígenas cuyos medios de vida se ven amenazados. La expansión de las arenas bituminosas se ha llevado a cabo sin el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de las naciones indígenas, que ahora se encuentran en el epicentro del impacto tóxico de estas instalaciones.
La historia de las arenas bituminosas, los estanques de residuos y su expansión en los territorios objeto de tratados
Las arenas petrolíferas (a menudo denominadas «arenas bituminosas») de Alberta no solo suponen un desastre medioambiental inminente para la zona, sino que también violan directamente el tratado firmado entre los grupos indígenas de la zona y la Corona (el Gobierno federal). En virtud del Tratado n.º 8, en cuya zona se encuentran las arenas petrolíferas, se especifica que, a cambio de «ceder las tierras», los grupos indígenas locales conservarían su derecho protegido a cazar, pescar y colocar trampas en la zona, y que la Corona debía consultar a los pueblos indígenas antes de llevar a cabo cualquier proyecto de desarrollo territorial. Esto no sucedió, ya que la primera planta de arenas bituminosas se construyó en 1967 sin el consentimiento de los pueblos originarios que vivían allí.
Desde entonces, las arenas bituminosas han seguido creciendo de forma exponencial sin el consentimiento libre, previo e informado (CLPI, también conocido como «lo mínimo imprescindible») de los pueblos indígenas del Tratado 8. Una tendencia de la que el Gobierno del llamado Canadá aún no ha rendido cuentas. Como consecuencia, no solo se han visto alteradas las rutas de caza y captura de las comunidades indígenas locales, sino que su salud también se ve gravemente amenazada por estas arenas bituminosas y los estanques de residuos.
Tal y como se desprende de tres casos distintos del Tribunal Supremo (uno de los cuales se refiere a la Primera Nación Mikisew Cree, la misma comunidad directamente afectada por la última fuga en las arenas bituminosas de Kearl), se ha demostrado que la única razón por la que existen las arenas bituminosas es el total desprecio de los gobiernos federal y provincial hacia los pueblos indígenas, sus derechos y su seguridad. Sin embargo, el Gobierno federal y las empresas petroleras siguen negando y socavando cualquier esfuerzo de las comunidades locales de las Primeras Naciones que intentan exigirles responsabilidades.
En cambio, en respuesta a la indignación de las comunidades locales de las Primeras Naciones, el Gobierno federal elaboró un protocolo que ignoraba en gran medida las condiciones del Tratado original. Aunque se consultó a las comunidades de las Primeras Naciones, los métis y los inuit, el resultado final fue un protocolo que permitía al Gobierno seguir adelante sin el consentimiento de las comunidades indígenas locales, siempre y cuando las «consultara» previamente. No es difícil adivinar que, desde que se estableció este protocolo, apenas se han realizado consultas.
Las empresas petroleras y el Gobierno federal canadiense tienen ahora vía libre para explotar las tierras objeto de tratados. Su nuevo protocolo ha permitido que la explotación de las arenas bituminosas siga creciendo, a pesar de la continua oposición de las comunidades indígenas.
El impacto de las arenas bituminosas en la comunidad
Antes de la explotación de las arenas bituminosas y la creación de los estanques de residuos, las orillas del río Athabasca eran zonas tradicionales de caza, captura con trampas y pesca para los pueblos Cree, Dene, Chipewyan, Dunne-Za y Métis de los alrededores. Los miembros de la comunidad que aún viven hoy recuerdan cuando surgieron las primeras explotaciones petrolíferas sin el consentimiento de su comunidad. Ahora, apenas unas pocas décadas después, su hogar ancestral está rodeado de grandes lagos tóxicos que vierten sustancias venenosas en sus comunidades.
Jean LHommecourt, copresidenta de Keepers of the Water y mujer de la etnia denesuline que vive a las afueras de Fort McKay, ha expresado su preocupación por la carne de alce que tiene en el congelador que había servido de alimento para ella y su familia. Esto pone de manifiesto lo precaria que es la situación en lo que respecta a la salud y la seguridad de las comunidades indígenas cercanas, como Fort Chipewyan y la Primera Nación Mikisew Cree. Muchos residentes se niegan a beber o incluso a bañarse con el agua contaminada tras el último desastre de las arenas bituminosas de Kearl.
Estas preocupaciones pueden parecer exageradas, pero, de hecho, están justificadas. Un estudio realizado en 2009 confirmó los temores del Dr. John O’Connor, quien expresó su preocupación por el rápido aumento de los casos de cánceres raros y enfermedades respiratorias entre la población indígena de la zona. A pesar de respaldar sus afirmaciones con pruebas recopiladas a lo largo de sus años de servicio en estas comunidades, se encontró con una reacción negativa por parte de las organizaciones sanitarias gubernamentales y, finalmente, «destituido» de sus funciones.
Los mikisew y los de Fort Chippewyan no solo tienen que preocuparse por su salud física, sino que su salud espiritual y mental también se ha visto afectada negativamente por las arenas bituminosas. Las familias que dependen de la caza para complementar su alimentación ahora se preocupan por si la caza y las plantas que consumen contienen metales pesados tóxicos. Las prácticas tradicionales, como la recolección de plantas medicinales, se ven ahora cuestionadas porque el agua de la que dependen estas plantas para crecer también ha sido contaminada. Las repercusiones de las arenas bituminosas y los estanques de residuos en la comunidad son considerables y van más allá de la mera violación de los acuerdos de los tratados.
Y, sin embargo, los gobiernos federal y provincial siguen haciendo caso omiso de las preocupaciones, muy reales, de las mismas comunidades a las que dicen «consultar» en relación con las arenas bituminosas.
El impacto medioambiental de las arenas bituminosas
Al analizar las arenas petrolíferas y los estanques de residuos, queda claro que la extracción de petróleo y la sostenibilidad son incompatibles. Las minas de petróleo no solo alteran para siempre el entorno en el que se construyen, sino que también provocan graves alteraciones en el hábitat y las rutas de los animales de la zona. Si se analiza el proceso de extracción de petróleo, solo este requiere un consumo de casi 6 galones de agua dulce por cada galón de gasolina. El cálculo es sencillo: esto no es sostenible.
En 2014, la Primera Nación Mikisew solicitó una investigación independiente sobre el deterioro del Parque Nacional Wood Buffalo, el parque nacional más grande de Canadá. El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO concluyó que el parque nacional se veía amenazado por la explotación de petróleo y gas en las inmediaciones y pidió a Canadá que investigara adecuadamente el impacto sistémico de la extracción de arenas bituminosas. La UNESCO también señaló que el deterioro del Parque Nacional de Wood Buffalo se atribuye a la falta de participación de los pueblos indígenas y métis que viven en la zona y que poseen conocimientos ecológicos tradicionales.
En respuesta a las preocupaciones tanto de la comunidad científica como de las comunidades indígenas con respecto a las arenas bituminosas, muchas de las empresas petroleras han propuesto lo que consideran «soluciones» al importante coste medioambiental que supone esta industria extractiva. Una solución muy extendida es el tratamiento del agua dulce que se consume a diario en el procesamiento del petróleo y el gas, con la intención de verter el agua tratada de nuevo al medio ambiente. Otra solución es el «protocolo de recuperación», según el cual los emplazamientos de las minas de petróleo y los estanques de residuos se recuperarían y devolverían a un estado casi idéntico al que tenían antes de la explotación minera.
Sin embargo, la ciencia descarta la posibilidad de la recuperación, ya que se ha demostrado que la producción de petróleo afecta negativamente a la calidad del agua al alterar la hidrología de los sistemas acuáticos y provocar fugas de sustancias químicas tóxicas en las fuentes de agua cercanas. Esto significa que, en la actualidad, no existe ninguna forma viable de tratar el agua y los terrenos utilizados por la industria petrolera para devolverlos a un estado casi original, lo que hace imposible la recuperación del terreno.
Teniendo en cuenta que, para que estas soluciones «respetuosas con el medio ambiente» pudieran introducirse, habría sido necesario llevar a cabo una investigación exhaustiva, cabe preguntarse si las empresas petroleras no debían saber ya desde el principio lo inviables que eran. Por no mencionar que solo un porcentaje ridículamente pequeño (el 0,1 %) de las arenas petrolíferas recibe realmente la acreditación de recuperación de la AER. Está claro que estas «soluciones» solo se propusieron para apaciguar las preocupaciones de la ciudadanía y garantizar que las empresas petroleras pudieran continuar con su explotación sin tener en cuenta en absoluto el coste y el impacto medioambiental de sus operaciones mineras.
El impacto futuro de las arenas bituminosas
El Gobierno federal pretende ir aún más allá de lo establecido en el Protocolo de Recuperación, ahora que está barajando la posibilidad de verter residuos de minería mínimamente tratados (repletos de metales pesados tóxicos) al río Athabasca. Las consecuencias generalizadas y devastadoras de tal medida son inimaginables. El mero hecho de que el Gobierno federal esté considerando algo así ha desatado una fuerte reacción por parte de las comunidades indígenas de la zona y de la comunidad científica internacional.
El impacto de verter residuos mineros en la cuenca hidrográfica del Athabasca sería devastador para el medio ambiente y la comunidad. Sobre todo teniendo en cuenta que el río Athabasca desemboca en uno de los deltas de agua dulce más grandes del mundo, que conecta numerosos lagos, marismas, ríos y humedales. Envenenar este complejo ecosistema del que dependen muchas comunidades indígenas viola no solo sus derechos indígenas recogidos en los tratados, sino también sus derechos humanos.
Aunque parezca inverosímil que un Gobierno federal pueda ignorar de forma tan descarada la salud y la seguridad de toda una provincia (sí, la contaminación del delta del río Athabasca afectaría a Alberta en su conjunto), se trata de una realidad tangible y peligrosa. Si la AER, una corporación vinculada al Gobierno, pasa por alto una fuga masiva que se ha prolongado durante nueve meses y que pone en riesgo la salud de las comunidades indígenas cercanas, entonces cabe suponer que el Gobierno federal no tiene ningún reparo en seguir vulnerando los derechos y la seguridad de nuestro pueblo.
Lo que hay que hacer ahora
La ICA se mantiene en solidaridad con las comunidades afectadas y exige que Imperial Oil y la AER asuman su responsabilidad por ocultar y restar importancia al desastre de las arenas petrolíferas de Kearl. Algunas de las principales reivindicaciones, expuestas en la carta enviada a Justin Trudeau y a la primera ministra de Alberta, Danielle, son las siguientes:
Imperial Oil y otras empresas dedicadas a la explotación de arenas bituminosas deberían ser sancionadas cuando se produzcan fugas en los estanques de residuos, en virtud de la Ley federal de Pesca y de los artículos pertinentes de la Ley de Protección y Mejora del Medio Ambiente de Alberta. Hace tiempo que se deberían haber concedido indemnizaciones por los daños causados por las grandes petroleras en estos territorios.
Es necesario sustituir a la Autoridad Reguladora de la Energía de Alberta por un sistema regulador independiente en el que la facultad de tomar decisiones recaiga en las naciones indígenas afectadas.
Se debe proporcionar financiación para todas las iniciativas solicitadas por las comunidades indígenas con el fin de abordar las preocupaciones relacionadas con los daños causados por las arenas bituminosas, incluyendo, entre otras cosas, un estudio dirigido por indígenas que investigue la incidencia de cánceres raros en las comunidades situadas aguas abajo de las arenas bituminosas.
Llamamiento a la acción para la sustitución de la AER: hay que proporcionar financiación para que los propios indígenas investiguen los efectos sobre la salud y para cualquier otra iniciativa destinada a hacer frente a los daños causados por las arenas bituminosas; hay que exigir responsabilidades a Imperial Oil.
Hace seis meses, Imperial Oil y la Autoridad Reguladora de la Energía de Alberta comparecieron ante la comisión ENVI para responder a las preguntas de los diputados sobre el desastre de los estanques de residuos de la mina Imperial Kearl. Ayer, 19 de octubre, se les invitó a ambos a comparecer de nuevo, pero se negaron a hacerlo.
La importancia de esta comparecencia ante la comisión y la gravedad de la fuga que se produjo deberían haber sido más que suficientes para convencer tanto a Imperial como a la AER de que dedicaran tiempo a la comparecencia. Esto ilustra aún más una falta clara y flagrante de responsabilidad por parte de empresas petroleras como Imperial Oil, que siguen pasando por alto la gravedad de las repercusiones tóxicas de su industria extractiva insostenible. La falta de medidas (necesarias desde hace más de una década) ha dado lugar ahora a soluciones radicales e ineficaces, como la propuesta de verter aguas residuales en el río Athabasca.
Es necesario que el Gobierno federal, Imperial Oil y la AER tomen medidas de inmediato para evitar la devastación ecológica y los problemas de salud endémicos en las comunidades indígenas locales.
Colaborador
Britney Supernault (ella/ellas), conocida como la «Nómada Cree», es Otipemisiwak Nehiyaw (métis cree) del asentamiento métis de East Prairie. Artista, activista y escritora, Britney ha dedicado los últimos cuatro años a escribir sobre diversos temas, desde los viajes y la productividad hasta las cuestiones indígenas contemporáneas y el cambio climático. Se dedica a escribir a tiempo completo y también cuenta con una plataforma en redes sociales donde comparte su vida como escritora. Actualmente, Britney está trabajando en su primera novela, que se publicará próximamente, y en una serie de novelas gráficas indígenas.
